Eva Belmonte, de la Fundación Civio, explica en Radio Canòdrom cómo consiguieron que el Tribunal Supremo reconociera el derecho ciudadano a saber cómo funcionan los algoritmos que deciden sobre sus vidas.
Siete años. El tiempo que se tarda en completar una carrera universitaria, tener hijos o cambiar de trabajo tres veces. Este es el tiempo que Eva Belmonte y su equipo de la Fundación Civio han dedicado a una batalla legal que parecía imposible. Conseguir que el Estado español muestre el código de BOSCO, el algoritmo que decide quién tiene derecho al bono social eléctrico y quién no.
La historia comienza de una manera peculiar. Belmonte a punto de hacer la siesta, su abogado dando clase, el codirector en la Moncloa. Y de repente, llega la noticia: han ganado el Supremo. Hablamos con ella sobre estos siete años luchando por la transparencia algorítmica.
¿Qué es Bosco y por qué importa?
BOSCO es la aplicación que decide si una persona recibe o no el bono social, la ayuda para familias vulnerables para pagar parte de la factura eléctrica. Pero aquí viene el problema. Este proceso lo hace una máquina, no ningún funcionario. Y tampoco lo revisa ningún funcionario. «Cuando la administración te dice que no tienes derecho a esta ayuda, tú normalmente te lo crees», explica Belmonte. «Y por eso para nosotros ya era importante, porque no hay nadie vigilando que esto funcione bien en cada caso particular.»
La persona que lo solicita tiene que ir directamente a la compañía eléctrica, no habla con un funcionario público. Si tiene alguna duda, la compañía no le puede ayudar porque no puede acceder a sus datos. Todo depende de la máquina. Y esta máquina, descubrieron, no funcionaba bien.
El error que lo cambió todo
En 2018, Civio creó una aplicación para ayudar a la gente a saber si tenían derecho al bono social, porque el decreto que lo regulaba era tan complicado que tardaron más de un mes en entenderlo. De repente, empezaron a recibir llamadas. Muchas personas a quienes ellos decían que sí tenían derecho, cuando lo presentaban recibían un no. Pidieron al ministerio la documentación de cómo funcionaba la aplicación. No les dieron el código, pero sí la documentación.
Es en este momento que descubrieron que todas las viudas que marcaban que eran pensionistas, aunque tuvieran la renta lo suficientemente baja para tener derecho a la ayuda, recibían un no automático. La aplicación no les decía que habían marcado mal una casilla, simplemente les denegaba la ayuda. «Entonces nos cabreamos más», recuerda Belmonte. «Estos siete años han sido duros porque al final no es solo ‘quiero ver el código porque quiero ver el código’, sino porque queremos saber si hay más errores.»
Cómo no desesperarse después de siete años de espera
«Te desesperas igual», reconoce Eva con franqueza. «Más cuando ves que hay algo que está mal y que está afectando a la gente y no se cambia.» El proceso fue largo y duro. La Audiencia Nacional les dijo que no dos veces. Recursos, abogados, procuradoras, tiempo y dedicación. «Es un proceso muy largo y necesitas muchos recursos. Una persona normal que quizás está reclamando su ayuda, al final se da por vencida.», explica.
Pero el día de la vista oral en el Supremo, todo cambió. «Solo que admitieran que era un tema lo suficientemente importante para debatir en casación ya nos hizo muy felices», recuerda Belmonte. Los jueces hicieron preguntas inteligentes, se notaba que se habían preparado mucho el tema.
Una sentencia histórica
El resultado fue totalmente inesperado y el Supremo les dio la razón en todo. La sentencia afirma que acceder a la información es un derecho democrático y que entender cómo funciona toda la tecnología que nos afecta es un derecho como ciudadanos. «Es muy importante porque es la primera sentencia sobre esto y porque marca camino», explica Belmonte. «A partir de ahora, no solo por el tema de algoritmos, sino también por cualquier solicitud de información que haces cuando usas la ley de transparencia, puede invocar esta sentencia.»
El Supremo incluso define a Civio como «guardián y custodio del estado de derecho», un reconocimiento que emocionó mucho al equipo. «Es como se reconoce un poco la labor que haces, que no eres una persona loca que de repente quiere acceder al código para cabrear al gobierno, sino que tenemos una misión.»
¿Por qué el código abierto es crucial?
La sentencia también habla de la importancia del código abierto. Belmonte lo explica con claridad: «Cualquier cosa que se paga con dinero público debería ser abierto. Publicar el código ayuda a que el código sea mejor. Si mucha gente mira algo y lo vigila porque es abierto, alguna persona puede encontrar un error que tú no sabías que tenías.»
Y añade que «no podemos permitir nunca que la administración entienda que su trabajo es algo como un paquete secreto. Ellos también trabajan para nosotros y tenemos derecho, porque somos sus jefes, a preguntarles y ver qué están haciendo.»
Consejos para no perderse en la burocracia
Después de siete años navegando por el sistema judicial español, Eva tiene claros algunos ‘hacks’ de supervivencia:
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Conocer muy bien la ley que te aplica y adelantarte al no. Pensar por qué excusas pueden poner para decirte que no y adelantarte con eso.
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Tener muchísima paciencia. Las solicitudes de información siempre se alargan, los juicios pueden pasar años sin novedades.
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Reclamar siempre. «¿Te dicen que no a la ayuda? Reclama. ¿Te dicen que no a la solicitud de información? Reclama. La administración se equivoca muchas veces.»
¿Y ahora qué?
Desde Civio no tienen esperanzas de que el gobierno cumpla la sentencia a corto plazo, pero tienen claro que deben esperar un poco para darles tiempo y, si no reciben el código, llamar al juzgado para denunciar que no están cumpliendo la sentencia y pedir que les exijan ejecutarla. Mientras tanto, la playlist de celebración ya está clara: ‘Gloria‘ de Patti Smith, «una canción que siempre me pongo cuando estoy un poco con los ánimos bajos y quiero subirlos. Es muy de subidón.», explica Belmonte.
Siete años después, la siesta interrumpida por el Supremo ha valido la pena. Y la lección es clara. A veces vale la pena no soltar el hueso, aunque tarde siete años.